Es ampliamente reconocido que la participación electoral aumenta conforme los ciudadanos sienten que su voto puede influir más en el resultado de la elección. De manera semejante, es posible argumentar que el arraigo de los valores democráticos en un individuo determinado varía en función de la posibilidad de que su opinión sea tomada en cuenta en las decisiones que le afectan. Podemos proponer, a manera de hipótesis, que mientras más cercana sea la experiencia democrática a la vida cotidiana de una persona, mayor será su comprensión y ejercicio de los mecanismos democráticos de deliberación y decisión. Desde este punto de vista, trascender la democratización del régimen para democratizar también a la sociedad redituaría en el largo plazo en la consolidación de una cultura política democrática.
Sin embargo, extender la democratización también tiene costos, fundamentalmente en términos de eficiencia. La adopción de mecanismos democráticos de deliberación en estructuras jerárquicamente organizadas puede parecer una insensatez franca. Este es el caso de algunas burocracias profesionales como el ejército o la administración pública, donde someter las decisiones a discusión puede conducir a parálisis o inconsistencias graves.
La tensión entre democratización y eficiencia da lugar a comportamientos verdaderamente paradójicos de parte de numerosos actores sociales: un profesor universitario puede dedicar su vida al estudio de la democracia, aceptando y defendiendo su superioridad normativa, y oponerse tajantemente a que sus estudiantes participen en la toma de decisiones que les afectan. En otro caso contraintuitivo, la mayoría de las organizaciones no gubernamentales, cuya existencia y funcionamiento depende del pluralismo democrático, prefieren adoptar esquemas fuertemente jerárquicos para su funcionamiento interno.
El dilema entre democratización y eficiencia no puede resolverse contundentemente mediante argumentación; sino solamente en función de cierta escala jerárquica de valores finales que en una democracia debe ser, en sí misma, objeto de redefinición permanente. Idealmente, la determinación de las formas de organización debe ser resultado del debate libre y razonado en el seno de cada una de estas instituciones; es decir, de una lucha política democrática.
[Sobre el autor: Gonzalo Almeyda Torres estudia Relaciones Internacionales en El Colegio de México y es miembro del Consejo Editorial de la revista de Ágora.]
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